La Constitución Española fija claramente cuales son las competencias que son exclusivas del Estado. Entre ellas figura la política hidráulica. No entiendo como se ha dejado que las Comunidades Autónomas regulen estas competencias en sus estatutos.
El pasado 14 de Octubre se consumó un episodio vergonzoso, de los muchos a los que nos están acostumbrando en el Congreso de los Diputados, al votarse la tramitación del Estatuto de Castilla la Mancha. Es la consecuencia de la cantidad de despropósitos y disparates que han generado los anteriores Estatutos aprobados y que también son, cuando menos, de dudosa constitucionalidad. Soy hombre de ciencias, no doctor en Derecho, pero la ley escrita y su interpretación no es privilegio de unos pocos. Por ello, y sin entrar en interpretaciones, quisiera cargar de razón “constitucional” a los cuatro valientes y coherentes diputados que no votaron a favor de la tramitación de un Estatuto, que es bueno para Castilla la Mancha, pero que genera enfrentamientos e insolidaridad en el seno del Estado a través de ciertos artículos y disposiciones transitorias.
El artículo 149 de nuestra Constitución dice que : “El Estado tiene competencias exclusivas sobre las siguientes materias…” y en el punto 22 se puede leer: “La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial”.
Los científicos sabemos que no podemos llegar a buenas conclusiones y resultados coherentes y verdaderos si, para ello, partimos de premisas falsas o medio verdaderas. Me explico. No entiendo cómo podemos hacer un buen Estatuto para Castilla la Mancha y España si para ello partimos de premisas que NO SON CONSTITUCIONALES. En el Estatuto de Castilla la Mancha no debiera aparecer ninguna referencia a la política hidráulica que es competencia del Estado, salvo que la Constitución se modifique, cosa que no ha ocurrido a día de hoy. Establecer la caducidad de una obra hidráulica ( el trasvase Tajo-Segura) que da de comer a miles de familias tanto murcianas como manchegas es un acto de traición y sedición al pueblo Español que se regula, hasta el día de hoy que yo sepa, por la Constitución Española de 1978.
Los cuatro fantásticos han cumplido con las reglas del juego. Con su voto negativo demuestran lealtad a la Constitución. Al margen del amor y apego a la tierra murciana, los cuatro fantásticos : Arsenio Pacheco, Alberto Garre, Jaime García-Legaz y Rosa Díez, han votado con la ley en la mano y en la cabeza. Han dicho no a un Estatuto que contiene artículos NO CONSTITUCIONALES y que, de aprobarse, abriría el melón de las reivindicaciones absurdas.
¿Qué padre dejaría que un hijo se guardara un trozo de pan mientras el otro pasa hambre? Ahí está papá Estado, con su Constitución, para evitar todo esto. Viva la Constitución de 1978.
